La decisión del Senado implica que la Floresta Nacional de Jamanxim, en el Estado de Pará (norte), uno de los que integran la Amazonia, vaya a perder 480.000 hectáreas de los 1,3 millones que la integraban. A partir de ahora, las normas ambientales serán mucho más laxas. El área que corresponde estrictamente a bosque tropical es de 320.000 hectáreas, más del doble de la superficie de las dos grandes megalópolis latinoamericanas: Ciudad de México y São Paulo. El recorte del área protegida facilitará la legalización de latifundios que hasta ahora estaban en situación irregular. Y posibilitará la ocupación de nuevas tierras, hoy intactas, así como la explotación maderera, según denuncian los grupos ambientalistas.
Para que entre definitivamente en vigor, el acuerdo tendrá que ser sancionado por el presidente de la República, Michel Temer. Su propio partido, el Partido del Movimiento Demócratico Brasileño (PMDB), fue el encargado de promover la medida, que ha pasado casi desapercibida en medio de los avatares de la crisis política que sacude el país por las acusaciones de corrupción contra el presidente. Los propios responsables de Medio Ambiente del Gobierno rechazan el acuerdo del Congreso y aseguran que pedirán a Temer que lo vete.
El Ejecutivo brasileño ya había dado pasos para reducir la protección de la zona, con el propósito de permitir la ocupación de tierras bajo ciertas normas ambientales y legalizar así explotaciones agrarias ya existentes. Pero el Congreso fue mucho más allá de la propuesta del Gobierno y amplió el área donde se permitirá la agricultura y la tala de árboles. El diputado promotor de la medida, José Priante, del PMDB de Pará, saludó en su cuenta de Facebook el acuerdo tomado por el Congreso: “Lo único que hemos hecho es regular la relación entre el hombre que habita y produce en esta región con la preservación ambiental”.
El área aprobada por el Congreso, sin embargo, corresponde a una cantidad mucho mayor de la necesaria para regularizar las propiedades ya existentes en Jamanxin, según cálculos del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), un órgano vinculado al Ministerio de Medio Ambiente. En la zona, según Paulo Carneiro, director del ICMbio, existen 250 haciendas, la mayoría de ellas latifundios dedicados a la cría de ganado. También se registra una fuerte actividad de tala selectiva de árboles de especies nobles. “El Congreso exageró el área y, con eso se puede abrir un nuevo frente de ocupación de la floresta”, explica Carneiro, quien calcula que 320.000 del total de hectáreas que pierden la protección son de bosque tropical intacto hasta la fecha.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/18/actualidad/1495058888_669414.html