La situación territorial, donde se desconocen nuestros títulos coloniales y republicanos, donde el Gobierno presenta una ley de tierras que borra los derechos adquiridos de los pueblos y pone en peligro nuestras aspiraciones de consolidación territorial con el fin de favorecer la gran minería y los grande empresarios agroindustriales, proyecto de ley que va en contra de los acuerdo de la Habana y se configura en una verdadera contra reforma agraria, son la realidad de hoy. La exclusión de municipios que han sufrido el conflicto de las zonas PDET solo muestra aún más la afectación a todo nivel, territorial y de posibilidad de construcción de nuevos horizontes.
La situación de nuestros pueblos originarios no puede ser más desoladora. Asesinatos constantes a lo largo y ancho del país, entristecen nuestros corazones de manera permanente. La paz nos está costando la vida porque el Gobierno Nacional no quiere reconocer que la reconfiguración de nuevos actores armados en las zonas dejadas por las FARC es una realidad que crece con el pasar de los días. Nariño, Cauca y Choco han sido los más afectados, aunque en el Meta, Antioquia y otras latitudes el panorama no es diferente.
Pero la actitud del Gobierno Nacional no solo está en desconocer esta realidad. En un verdadero ejercicio de discriminación institucional el último año ha sido una verdadera prueba de paciencia para los pueblos indígenas. La amenaza constante de restringir el derecho a la consulta previa con el fin de favorecer los grandes proyectos, considerar que la consulta previa no es un derecho fundamental sino un estorbo para el desarrollo del país ha sido posición pública de muchos funcionarios. Hoy en día el Gobierno insiste en recortar todo lo avanzado por la Corte Constitucional, la jurisprudencia internacional y el bloque de constitucionalidad que protege este derecho sagrado de nuestros pueblos.
Los acuerdos nacionales y regionales, incumplidos o con tímidos avances, siempre
escudándose en falta de recursos, los cuales no existen para nuestras comunidades pero si sobran para campañas políticas y para la corrupción rampante de este país, es la constante de la concertación con los pueblos ancestrales. Dentro de estos acuerdos ya protocolizados y aprobados, no solo hay acuerdos de tipo económico que el gobierno ha incumplido. La no firma del decreto que reconoce el ejercicio de nuestras autoridades indígenas como autoridades ambientales, el decreto de la línea negra de los hermanos arahuacos, el decreto de áreas no municipalizadas de los hermanos amazónicos, la no puesta en marcha de los sistemas propios de salud y educación, la no implementación del aumento del porcentaje de SGP: todo incumplido.
Frente a este desolador panorama no podemos quedarnos quietos y entristecernos.
Debemos recordar el camino que nuestros mayores trazaron, con la lucha y la movilización como constante. El movimiento indígena nacional se movilizara a partir del 30 de octubre en diferentes departamentos con la participación, por primera vez, de todas las organizaciones indígenas del país, para exigir en las carreteras nuestros derechos.
Invitamos a las comunidades, a las autoridades, a todos aquellos que sienten como propios los dolores de nuestros pueblos, a manifestarse de manera decidida. El día 31 de octubre animaremos el inicio de actividades desde la ciudad de Ipiales. Pero desde Mallama, desde Riohacha, desde Bogotá, desde cada rincón donde nos encontremos debemos elevar nuestra voz de protesta. No seguiremos siendo víctimas, no seremos discriminados ni marginados. Somos hijos de grandes guerreros y como tal saldremos a exigir nuestros derechos en todos los escenarios posibles, conscientes que la lucha nos hace más grandes, que la unidad nos hace invencibles, que el futuro lo trazamos palmo a palmo, siguiendo los bastones, uniendo nuestros cantos.
¡ EL CAMINO DE LOS PUEBLOS ES LA LUCHA POR LA PAZ!