En particular, el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas es una posibilidad del Estado para generar políticas públicas que se adecuen a las realidades y necesidades de los Pueblos Indígenas. La iniciativa gubernamental modifica la Ley Indígena (N°19.253); sin embargo, no cambia los derechos esenciales que favorecen a los pueblos. Su principal función será elaborar e implementar una Política Nacional Indígena previa consulta al Consejo Nacional de Pueblos originarios, como lo indica el Convenio 169 OIT.
Por otra parte, el proyecto de ley que crea los Consejos de Pueblos Indígenas, es un avance institucional que instaura un consejo por cada uno de los nueve pueblos indígenas; es decir, buscan ser reconocidas como entidades autónomas, representativas, participativas y de consulta para representar los intereses, necesidades y derechos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el cual como entidad autónoma, representativa y participativa podrá abordar materias que afecten a todos los pueblos indígenas. Tendrá 15 integrantes provenientes de los consejeros por pueblos.
La Presidenta Michelle Bachelet señaló que ambos proyectos permitirán dar un nuevo espacio a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, subrayando que “ha llegado el momento de asumir las tareas inconclusas y dar paso a una nueva institucionalidad que ponga la política indígena en la realidad que le corresponde. Es importante recordar que si estamos en condiciones de hacerlo, ha sido en gran parte producto del trabajo realizado durante años por la Conadi; por su Consejo, y por los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, que han ayudado con su experiencia”.
El Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, manifestó que los dos proyectos fortalecen derechos económicos, sociales y culturales, siendo uno de los hitos más importante de los últimos 30 años en el país, y agregó que “este nuevo Ministerio, el Consejo Nacional y los Consejos de los nueve pueblos, son la consecuencia de un proceso legitimado y validado en una consulta previa de acuerdo al estándar de la OIT (convenio 169), que convocó a más de 6.800 personas a nivel nacional y que tuvo su etapa última en el acuerdo de San Esteban de enero de 2015, donde se construyeron las bases en las cuales se sustentan estos dos proyectos de ley”.
En esa línea, aseguró que “con este paso, Chile y el Estado comienzan a pagar una deuda histórica que es avanzar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los Pueblos Indígenas a partir del propio parecer de las distintas comunidades”.
En relación a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), su sucesor legal y patrimonial será el Servicio Nacional de Pueblos Indígenas, que será una entidad dependiente del Ministerio de Pueblos Indígenas.