Pronunciamiento conjunto ONIC, CIT, OPIAC y AICO “Por la Pachamama”

luego de analizar la actual coyuntura, COMUNICAMOS a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional que RECHAZAMOS enfáticamente la andanada desinformativa gestada en contra del movimiento social y popular, y en particular aquella en contra del Movimiento Indígena, por parte de los medios masivos de comunicación, a través de programas televisivos que dolosamente mienten y tergiversan sobre la verdadera situación de los Pueblos Indígenas en Colombia, e injurian y criminalizan a la dirigencia indígena por el ejercicio legítimo de los derechos. El programa Séptimo Día en particular, en sus emisiones del 26 de julio, 2 y 9 de agosto pasados realizó afirmaciones que no se corresponden con la verdad y la realidad integral, las cuales presentan abiertamente una posición política en contra de los derechos de los que somos titulares los Pueblos Originarios.

Guiados por el principio de la UNIDAD, como Movimiento Indígena Colombiano MANIFESTAMOS lo siguiente:

Es FALSO que el ejercicio de la Autonomía, derecho reconocido en instrumentos internacionales, en la Constitución Política, así como en la jurisprudencia nacional y regional, sea la causa de los problemas estructurales que afrontamos los 102 Pueblos Indígenas en Colombia, tales como el empobrecimiento, el abandono estatal, la discriminación, la desterritorialización, la impunidad, la desnutrición, y las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y fundamentales, entre otros.
Con relación a la justicia, Colombia registra gravísimos índices de impunidad, en especial, frente a violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en las que mujeres y hombres indígenas hemos sido en su inmensa mayoría víctimas y no victimarios. Dicha realidad, absolutamente invisibilizada por los medios masivos de comunicación, se ha reconocido por la Honorable Corte Constitucional en varias decisiones judiciales proferidas en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 sobre el estado de cosas inconstitucional respecto al desplazamiento forzado, entre otros, el Auto 092 de 2008 y Auto 004 de 2009.

Las problemas estructurales de la justicia en Colombia no se reducen a la aplicación de la justicia propia y de la Jurisdicción Especial Indígena: existe un 98% de impunidad en los casos de vulneraciones a los Derechos Humanos en contra de los Pueblos Indígenas que llegan a conocimiento de la justicia ordinaria.

A pesar de los esfuerzos realizados por las Autoridades Indígenas y las precarias acciones tendientes a la coordinación entre los dos sistemas judiciales, la implementación, respeto y reconocimiento efectivo de la Jurisdicción Especial Indígena padece profundas dificultades derivadas de la ausencia de articulación interinstitucional, de la aplicación efectiva del enfoque diferencial y de garantías para su funcionamiento y puesta en marcha. Desde luego, como en todo sistema humano, se presentan errores susceptibles de ser corregidos y que en todo caso no constituyen la generalidad de los casos. Así, conscientes de la importancia de la aplicación de la justicia propia y del ejercicio de la Jurisdicción Especial, las organizaciones indígenas trabajamos de manera permanente en el fortalecimiento cultural, político, organizativo y de control social en las comunidades, con miras a continuar robusteciendo el camino de la justicia, que redunde en la concreción de la justicia social para nuestros hombres y mujeres, y todos los colombianos (as).

RECHAZAMOS todo acto de violencia física y sexual en contra nuestras niñas, jóvenes y mujeres, cometidos por comuneros indígenas. Al respecto, el Movimiento Indígena está tomando las medidas pertinentes enfocadas a investigar y judicializar estos casos, a través de las instancias pertinentes. Igualmente, RECHAZAMOS y CONDENAMOS, los actos de violencia sexual que cometen los actores armados ilegales y legales, que en los territorios indígenas abusan y emplean como estrategia de guerra el enamoramiento de niñas y mujeres de las comunidades. Estos hechos también son reprochables y deben ser investigados y juzgados.

Es FALSO afirmar los recursos públicos que constitucionalmente son asignados a los Resguardos Indígenas, y que corresponden al 0,52% del total del Sistema General de Participaciones-SGP (Ley 715 de 2001), están exentos de los controles fiscales y disciplinarios establecidos en la Constitución y la Ley. Todos los recursos públicos están sujetos a plenos controles por parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y adicionalmente, a controles institucionales internos.

Igualmente, cabe recordar que por más de 24 años luego de expedida la Carta Política y en ausencia de la creación de las entidades territoriales indígenas, dichos recursos han sido girados directamente a las Administraciones municipales y manejados por éstas. Así, resulta deshonesto e injurioso afirmar que las autoridades indígenas malversan miles de millones de pesos, cuando los recursos de la asignación especial del SGP son recibidos por otras autoridades.

Los casos aislados de corrupción pueden existir, y cuando se han presentado hemos sido las autoridades y comunidades indígenas las primeras en denunciarlos o juzgarlos, en especial porque los recursos, menguados y escasos como son, deben destinarse a transformar nuestras realidades. Esta ha sido la exigencia desde siempre.

Los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en la Constitución de 1991, en calidad de sujetos políticos y de especial protección, constituyen una piedra angular para la construcción del Estado Social de Derecho, pluralista, multicultural y diverso que se trazó en la Asamblea Nacional Constituyente, así como un mínimo reconocimiento a más de quinientos años de vejámenes, invasión, despojo, discriminación y tratos como menores de edad o incapaces. A los indígenas no nos han regalado nada, los derechos los hemos ganado en el proceso de lucha y resistencia milenaria de nuestros ancestros.
REITERAMOS que somos actores políticos y sociales, somos colombianas y colombianos, que aportamos a la construcción de país y a la PAZ, con una concepción y cosmovisión distinta a la sociedad mayoritaria, cuyo desarrollo no debe trasgredir y atentar contra nuestras vidas, comunidades, formas de convivencia y territorios. Consideramos que en el concepto del bien general deben primar los intereses de la vida, la madre naturaleza, los seres vivos y todo aquello que nos rodea. Como Pueblos originarios no estamos en contra del desarrollo, lo queremos y deseamos para nuestras comunidades. Pero estamos seguros que el desarrollo debe ser sostenible, sustentable, teniendo en cuenta a la vida por encima de los intereses económicos nacionales y extranjeros.

RECHAZAMOS y ALERTAMOS al Gobierno Nacional y a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la estigmatización e información viciada sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, del que somos titulares los Pueblos Indígenas conforme lo establece el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Consulta Previa es una forma de participación de los grupos étnicos que contribuye a la democracia colombiana, no un obstáculo ni un desangre para las finanzas públicas del Estado.

Es responsabilidad del Gobierno Nacional, de sus instituciones y del Estado en general informar sobre la verdadera situación de los Pueblos Indígenas, así como concretar las políticas públicas dirigidas a garantizar efectivamente nuestros derechos. El empobrecimiento y discriminación estructural, la situación de vulneración de derechos humanos, la estigmatización señalamientos y la desterritorialización hacen parte de la estrategia de quienes han expropiado a sangre y fuego a las comunidades de sus derechos y territorios. El empobrecimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas tiene su origen en la negligencia y abandono estatal y social de la cual como Pueblos Originarios hemos sido víctimas y de actores políticos y económicos particulares que pretenden imponer sus intereses económicos, elitistas, racistas y excluyentes.

Así mismo, dado su alcance e incidencia en la población y en cumplimiento del deber de responsabilidad social previsto en el Artículo 20 de la Constitución, los medios masivos de comunicación, deben brindar información veraz e imparcial, acorde con nuestra verdadera realidad como Pueblos Indígenas y aportar así, a la consecución de una sociedad incluyente, equitativa, justa y en paz.

REITERAMOS que nuestra lucha siempre ha sido pacífica, pero contundente. No hay vinculación a ningún actor armado por parte de la dirigencia indígena, siempre hemos sido actores y constructores de paz, que reivindicamos las acciones de paz por encima de la absurda guerra. La Guardia Indígena y demás formas de protección y control territorial propias han sido garantía de los derechos de las comunidades. RECHAZAMOS la estigmatización y señalamientos de la cual están siendo objeto nuestras justas luchas históricas que ha costado la sangre derramada de nuestros Mayores, líderes, lideresas y comuneros (as). En efecto, si el Estado cumpliera con su rol, la lucha legítima de las comunidades tendría otras formas; la única arma que empuñamos es la palabra y la conciencia, el bastón de mando, y nuestras propias manos para defender nuestra Madre Tierra.

PROPONEMOS al País un debate claro, riguroso, honesto, sobre el futuro de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas, que constituyen parte de la riqueza humana, cultural y social de Colombia. Es imperativo dialogar de manera directa sobre el rol que nuestros Pueblos Originarios, la Madre Tierra, la vida y el caminar de la palabra tendrán en la definición de un país pensando para la terminación del conflicto armado y la construcción de la PAZ.

LLAMAMOS a nuestras comunidades a fortalecer el proceso de resistencia y defensa del territorio, de la vida, de la Madre Tierra y de nuestros derechos, reivindicando hoy más que nunca una PAZ incluyente y duradera en la que los Pueblos Indígenas tengamos un lugar.

CONVOCAMOS a desplegar todas las acciones políticas, jurídicas, de incidencia, movilización y resistencia, para la defensa y reivindicación de nuestros derechos, conforme las dinámicas propias de las comunidades y organizaciones indígenas.

Dado en Bacatá, a los 10 días del mes de Agosto de 2015.