Estas acciones originadas desde los sectores populares e indígenas, tienen la fuerza histórica de la resistencia. Más de 500 años de discriminación, despojo, persecución y muerte, pero también de lucha, organización y unidad. Los alzamientos de estos pueblos nos recuerdan a todos que no pudieron ser sometidos.
Sin embargo, las fuerzas de base parecen no dimensionar la magnitud de las rupturas al modelo neoliberal que han causado sus levantamientos. Rupturas como el movimiento Zapatista en México, la guerra del agua en Bolivia, la elección popular de los presidentes Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, el Caracazo en Venezuela o el proceso de la minga en Colombia. Todas estas iniciativas en su momento tuvieron la legitimidad del pueblo, pero la falta de conciencia del mismo ha causado su debilitamiento.
Estos momentos de acción popular no han logrado consolidarse como procesos. Muchas veces, las movilizaciones se reducen a un evento reivindicativo sin seguimiento, en donde no existen mecanismos que permitan la continuidad y la sostenibilidad de estos levantamientos. Igualmente, se comete el error de trabajar agendas cerradas que siguen utilizando los mismos métodos institucionales y anticuados que los usados por la derecha. Esto los mantiene encasillados y alejados de la integración entre pueblos y sectores.
Mientras no entendamos el modelo al que nos enfrentamos, ni consolidemos nuestras formas de lucha, las fuerzas de la derecha avanzarán en su objetivo de seguirnos fraccionando.
Es lo que está sucediendo con el proceso de la Ley de víctimas. Nos causa indignación que algunos representantes de los movimientos indígenas, afrodescendientes y ROM (Gitanos), a nombre de sus pueblos, hayan acordado con el gobierno la inclusión de un artículo en esta Ley para otorgarle facultades extraordinarias al presidente Santos. Esas facultades extraordinarias incluyen darle el poder al presidente para que durante 6 meses determine cómo va a aplicar esta Ley a los grupos étnicos. Para el caso indígena, en la comisión política integrada por las organizaciones indígenas que conforman la mesa de concertación, fue aprobada la proposición de este artículo sacrificando la consulta previa con las comunidades. Esto legitima a un gobierno que sólo piensa en el interés transnacional y que promueve leyes que exterminan a las comunidades indígenas, campesinas y afros.
En la proposición de este artículo, firmada por los ministros Germán Vargas Lleras y Rodrigo Rivera, entre otros representantes del gobierno y de organizaciones indígenas, se incluye el proceso de la consulta previa, realizada supuestamente el 5 y 6 de octubre. Lo que no se aclara es que ésta no es una verdadera consulta, pues no se hizo con las comunidades, se hizo en una reunión de mesa de concertación de manera urgente y extraordinaria. Para que este artículo sea constitucional, debió hacerse de acuerdo a la Sentencia C-175 de 2009, la cual dice que la consulta se debe hacer respetando los usos y las prácticas propias de las comunidades indígenas. Además, esta proposición de ley contra la consulta previa, limita la posibilidad de debate y la movilización de las comunidades.
La ley de víctimas ya pasó en el senado. Los sectores étnicos, especialmente el afro y el indígena figuramos como si nos preocupáramos solamente por nuestros intereses. El pronunciamiento que han hecho las víctimas debería ser adoptado por nuestros movimientos. Estamos cayendo en el juego del gobierno al permitir polarizarnos y nos olvidamos de la solidaridad entre pueblos que nos pone en riesgo de ser atacados más fácilmente.
Pero la desvergüenza sobrepasa los límites de Colombia. Ahora se pretende poner fichas claves en la secretaría de la UNASUR para consolidar una coalición de derecha en Latinoamérica que esté al servicio de los Estados Unidos.
Por su parte el reciente nobel peruano, Mario Vargas Llosa, se atreve a llamar “desorden político” a las movilizaciones indígenas y populares. Dice que son “una amenaza para el progreso que hay que contrarrestar”. Pero aún más grave es el respaldo que le ha dado al gobierno de Alan García, aprobando la explotación comercial transnacional en territorios originarios y participando en el encubrimiento del asesinato de ochos periodistas por parte del ejército de ese país.
El verdadero sentido de defender la Madre Tierra del capital extranjero es volver a caminar la palabra en la movilización, en el debate político, en la participación comunitaria. Pero esto no se logra negociando con los gobiernos que quieren cooptar los movimientos indígenas y los sectores sociales a cambio de limosnas. Los dirigentes del sistema ven una amenaza en la fuerza de los levantamientos populares, saben que si sumada a esa fuerza estaría la claridad política de las bases populares, el sistema se vería destruido.
Hay que entender la movilización como un proceso, no como una iniciativa coyuntural aislada. La movilización no consiste solamente en salir a las calles o en la efervescencia de una manifestación. Consiste en mover capacidades para fortalecer otros sectores y para permitir que otros aporten a nuestros procesos.
Es una vergüenza que en nombre de la historia de resistencia de más de 500 años, ahora se hagan acuerdos y se negocien nuestros derechos con los que entregan la Madre Tierra y la soberanía del país. Es necesaria la construcción de nuevos mecanismos para administrar nuestros procesos. Pero estos mecanismos tienen que ser coherentes con las iniciativas de los levantamientos, para acabar con los modelos institucionales que nos llevan a replicar los modelos a los que tanto nos oponemos.